U.S. Ambassador’s Remarks Rebuked 

by Honduran Government and Grassroots Activists

Humanitarian Advocates Demand Justice and Accountability

Cambridge, MA — Approaching the one-year anniversary of the historic election of Xiomara Castro as president of Honduras, the Honduran administration rebuked U.S. Ambassador Laura Dogu for her misguided response to the country’s ongoing human rights crisis.

Campesinos, or peasant farmers, of the Bajo Aguán region face land theft and extreme violence from agricultural and mining corporations, and the Unitarian Universalist Service Committee (UUSC) supports campesino leadership in condemning Ambassador Dogu’s disregard for their resistance and legitimizing the violence against them.

“The campesinos of Honduras are being targeted for assassination in their fight to retain their land from corporate thieves, and Ambassador Dogu has chosen the side of violence. These farmers and their families are being robbed of their lives and livelihoods, and they deserve the world’s full support,” said UUSC President Rev. Mary Katherine Morn.

“As a supposed representative of democracy, Ambassador Dogu must find the bravery to defend the rights of campesinos and denounce the attacks against them. Her misinformed statements clearly demonstrate an unwillingness to put communities before corporations. While we wait for the United States to step up, UUSC lifts up the voices of those calling for justice and accountability in Bajo Aguán.”

The war against Honduran peasant farmers began in the 1990s, after legislation backed by the World Bank illegally stripped many campesinos of their land. Large agricultural companies in Honduras gained directly from the land grabs, and have sought to suppress the campesino resistance. Many land rights activists have faced harassment and violence, including Margarita Murillo, a prominent campesina leader who was murdered in 2014, and indigenous Lenca environmental defender Berta Cáceres, murdered in 2016. Likewise, although freed in early 2022 by Supreme Court order, the eight unjustly imprisoned defenders of the Guapinol river and Carlos Escaleras National Park continue to face threats to their freedom, their lives, and livelihoods from the Los Pinares mining company.

At an October 25 meeting of the Honduran-American Chamber of Commerce, Ambassador Dogu said she was, “deeply concerned about reports from companies, both US and Honduran, of increased land invasions” by campesinos, parroting corporate talking points and providing political cover for the violence.

Ambassador Dogu’s comments prompted a rebuke from both President Castro’s administration and grassroots activists. At a press conference on October 27 in the Honduran capital of Tegucigalpa, several campesino organizations called international attention to the extreme violence in Bajo Aguán, including the fact that certain corporations have placed bounties on campesino leadership and contracted groups of hired assassins.

UUSC joins the call for “national and international human rights organizations to remain on alert for actions of extreme violence against the campesino movement” made by these organizations, namely:

Plataforma Agraria de El Aguan (El Aguan Agrarian Platform)

Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (Coordination of Popular Organizations of El Aguan)

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (Comprehensive Movement for Dignity and Justice)

Bufete Estudios para la Dignidad (Studies for Dignity Human Rights)

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The Unitarian Universalist Service Committee (UUSC) is a human rights and solidarity organization founded as a rescue mission in 1940 during the Holocaust. Based in Cambridge, Massachusetts, and with a membership of more than 35,000 supporters across the United States, UUSC’s programs focus on the issues of climate and disaster justice, migrant justice, and international justice and accountability.

Ataques a los derechos humanos en Honduras:

La guerra contra los campesinos debe terminar

Reclamos a la Embajadora de EE. UU. 

de parte del gobierno de Honduras y militantes de movimientos comunitarios

Los defensores humanitarios exigen justicia y rendición de cuentas

Cambridge, Massachusetts — A medida que nos acercamos al primer aniversario de la elección histórica de Xiomara Castro como presidente de Honduras, la administración de Honduras presenta sus reclamos  a la embajadora Laura Dogu por su mal informada respuesta ante la crisis humanitaria que está ocurriendo actualmente en el país.

Campesinos de la región Bajo Aguán se enfrentan a robos y violencia extrema de parte de corporaciones agrícolas y mineras, y el Comité de Servicio Unitario Universalista (UUSC) apoya a los líderes campesinos que condenan la indiferencia de la embajadora Dogu ante su resistencia y su legitimación a la violencia cometida en su contra.

“Los campesinos hondureños están siendo víctimas de asesinatos en su lucha por retener sus tierras de corporaciones ladronas, y la embajadora Dogu ha elegido el lado de la violencia. A estos campesinos y a sus familias les están robando sus vidas y sustentos, y merecen el apoyo del mundo entero”, dijo la presidente Rvda. Mary Katherine Morn.

“Como supuesta representante de la democracia, la embajadora Dogu debe encontrar la valentía de defender los derechos de los campesinos y denunciar los ataques hacia estos. Sus afirmaciones mal informadas demuestran una falta de voluntad de priorizar a las comunidades antes que a las corporaciones. Mientras esperamos que Estados Unidos dé un paso adelante, el UUSC eleva las voces de aquellos que piden justicia y rendición de cuentas en Bajo Aguán”.

La guerra contra los campesinos agricultores en Honduras inició en la década de 1990, luego de que la legislación apoyada por el Banco Mundial les quitó ilegalmente sus tierras a muchos campesinos. Grandes compañías agrícolas en Honduras se beneficiaron directamente de esta apropiación de tierras y han buscado suprimir la resistencia campesina. Muchos activistas de derechos territoriales ha enfrentado acoso y violencia, incluida Margarita Murillo, una lideresa campesina que fue asesinada en 2014, y la indígena lenca y defensora del medio ambiente Berta Cáceres asesinada en 2016. De igual manera, aunque fueron liberados en el inicio de 2022 por orden de la Corte Suprema, los 8 defensores del río Guatapinol y del Parque Nacional Carlos Escaleras injustamente encarcelados siguen recibiendo amenazas a su libertad, sus vidas y sus sustentos de parte de la compañía minera Los Pinares.

En una reunión de la Cámara de Comercio Hondureño Americana el 25 de octubre, la embajadora Dogu dijo que se sentía “profundamente preocupada por los informes de compañías, tanto de EE. UU. como de Honduras, de incrementos en las invasiones a territorios” de parte de campesinos, repitiendo como loro los puntos discutidos por las corporaciones y ofreciendo un pretexto político para la violencia.

Los comentarios de la embajadora Dogu motivaron un reclamo de tanto la administración de la presidente Castro y activistas de movimientos comunitarios. En una conferencia de prensa el 27 de octubre en la capital hondureña, Tegucigalpa, varias organizaciones campesinas llamaron la atención internacional sobre la violencia extrema en Bajo Aguán, incluyendo el hecho de que algunas corporaciones han puesto recompensas por los líderes campesinos y contratado a grupos de sicarios.

El UUSC se une al llamado a que “las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos deben permanecer atentas a actos de violencia extrema contra el movimiento campesino” hecho por estas organizaciones, concretamente:

Plataforma Agraria del Aguán

Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Bufete Estudios para la Dignidad

Traducido por: Respond Crisis Translation

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El Comité de Servicio Unitario Universalista (UUSC) es una organización de derechos y solidaridad humanos fundada como una misión de rescate en 1940 durante el holocausto. Con sede principal en Cambridge, Massachusetts, y con una membresía de más de 35.000 simpatizantes en todo Estados Unidos, los programas del UUSC se centran en temas de cambio climático y justicia ante desastres, justicia para los migrantes, y justicia y rendición de cuentas internacional.