UUSC Condemns Forced Evictions in Honduras

On Wednesday, December 15, 2021, the Regional Agrarian Platform of the Aguán Valley and the Coalition of Popular Organizations of the Bajo Aguán (COPA) held a joint press conference in the city of Tocoa, Colón, Honduras. Their purpose was to draw attention to a developing situation in the Bajo Aguán region, where Honduran state authorities are enforcing unlawful eviction orders against peasant farmers. 

UUSC’s President Rev. Mary Katherine Morn issued the following response: 

“As our Honduran partners monitor this situation closely, we echo their call for international solidarity. The farmers targeted by these unlawful eviction notices have proof of their rightful claim to the lands in question. The Honduran government should immediately cease all efforts to forcibly expel them from their lands and conduct a full and impartial investigation into the dispute. They must also ensure full protection of the safety and human rights of all people involved.” 

Conflict over land in the Bajo Aguán region began in the 1990s, after legislation backed by the World Bank illegally stripped many subsistence farmers in Honduras of their traditional tenures. In the years since, farmers’ collectives have sought to reclaim recognition of their legitimate rights to the territories of which they were wrongfully dispossessed.  Over 10 years ago, they successfully demonstrated that fraud was committed in transferring this land to African palm producers and gained official titles to this land issued by the National Institute of Agriculture.

“It’s very painful for me to see the pain and suffering of people who have been stripped of their land by illegal and unjust decisions, and who are suffering because they fear they will not be able to give their children food at Christmas,” said Karla Zelaya, member of the Agrarian Platform.

Large agribusiness and palm oil companies in Honduras gained directly from the land grabs, and have sought to suppress and criminalize the peasant protest movement in response. As a result, many land rights activists have been harassed, arbitrarily detained, threatened, murdered, and disappeared over the past decades. In some cases, prominent members of the elite families who control the palm oil industry have been directly linked to this violence. COPA directly implicates two companies, Corporación Dinant and AgroPalma, in coercing local judges to issue the eviction orders even though the orders themselves break the law.

Morn continued: 

“We know from the recent history of the Bajo Aguán that people’s lives, freedom, and safety are in danger for defending their rights to the land. We call on Honduran authorities to de-escalate the situation, refrain from violence and militarized responses, and ensure the safety of all human rights and land defenders in Honduras. 

“We also call on the U.S. government and the international community to speak out against these forced evictions. U.S. taxpayer dollars have gone to train and equip the Honduran police and security forces who are enforcing these orders. This—alongside the role of U.S.-backed institutions in the roots of the region’s land conflict—makes our government complicit in these events. U.S. leaders have a responsibility to urge their Honduran counterparts to comply with the law, cease these unjust evictions, and respect human rights.”  

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UUSC condena desalojos forzosos en Honduras

La presidenta del UUSC, la Rev. Mary Katherine Morn, insta a las autoridades hondureñas a que detengan de inmediato los desalojos forzosos en la región del Bajo Aguán y que garanticen la protección de los derechos humanos.

El miércoles 15 de diciembre del 2021, la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán y la Coalición de Organizaciones Populares del Bajo Aguán (COPA) realizaron una conferencia de prensa conjunta en la ciudad de Tocoa, Colón, Honduras. Su propósito era llamar la atención sobre una situación en la región del Bajo Aguán, donde autoridades estatales hondureñas están desalojando de manera ilegal a personas campesinas.

 La presidenta del UUSC, la Rev. Mary Katherine Morn, respondió con la siguiente declaración:

 “Mientras nuestras copartes hondureñas monitorean de cerca esta situación, reiteramos su llamado a la solidaridad internacional. Las personas agricultores objeto de estas notificaciones de desalojo ilegal tienen pruebas de su legítimo derecho sobre las tierras en cuestión. El gobierno hondureño debe cesar de inmediato todos los intentos para expulsarlas por la fuerza de sus tierras y debe llevar a cabo una investigación completa e imparcial sobre el conflicto. También deben garantizar la seguridad, la integridad física, y los derechos humanos de todas las personas involucradas.”

El conflicto por la tierra en la región del Bajo Aguán comenzó en la década de los 90, después de que se aprobara legislación respaldada por el Banco Mundial que dio espacio a actos ilegales  que despojó a muchas y muchos campesinos en Honduras de sus tierras tradicionales.  Desde entonces, colectivos de agricultores han tratado de recuperar el reconocimiento de sus derechos legítimos a los territorios de los que fueron desposeídos ilegalmente y lograr el reconocimiento de los títulos oficiales sobre estas tierras que aún siguen válidos, logrando sentencias desde ya hace más de 10 años que demuestran las fraudes en el traspaso de sus derechos a empresas transnacionales de palma africana.

“Es muy doloroso para mí ver el dolor y el sufrimiento de la gente que ha sido despojada de su tierra por decisiones ilegales e injustas, y que sufren y temen porque no puedan dar de comer sus hijos en navidad,” dijo Karla Zelaya, integrante de la Plataforma Agraria.

Las grandes empresas agroindustriales y de aceite de palma en Honduras se beneficiaron directamente de la expropiación de tierras y han tratado de reprimir y criminalizar al movimiento de protesta campesina. Como resultado, muchas personas activistas por los derechos a la tierra han sido acosadas, detenidas arbitrariamente, amenazadas, asesinadas y desaparecidas durante las últimas décadas. En algunos casos, miembros prominentes de familias de la élite que controlan la industria del aceite de palma han estado directamente implicados en esta violencia. La COPA responsabiliza a dos empresas, Corporación Dinant y AgroPalma, por estar coludidas con los jueces locales para que emitieran las órdenes de desalojo a pesar de que las órdenes en sí son ilegales.

La Rev. Mary Katherine Morn continuó:

“La historia reciente del Bajo Aguán nos ha demostrado que la vida, la libertad y la seguridad de las personas están en peligro por defender sus derechos a la tierra. Hacemos un llamado a las autoridades hondureñas para que intervengan para calmar la situación, que se abstengan de la violencia y las respuestas militarizadas, y que garanticen la seguridad de todas las personas defensores de los derechos humanos y la tierra en Honduras.

“También hacemos un llamado al gobierno de Estados Unidos y a la comunidad internacional a que se pronuncien en contra de estos desalojos forzosos. Los dólares de las y los contribuyentes estadounidenses se han destinado a capacitar y equipar a la policía y las fuerzas de seguridad hondureñas que están haciendo cumplir estas órdenes. Esto, junto con el papel de las instituciones respaldadas por Estados Unidos en los orígenes del conflicto territorial de la región, hace que nuestro gobierno sea cómplice de estos atropellos. Los líderes estadounidenses tienen la responsabilidad de exigir que sus homólogos hondureños cumplan con la ley, pongan fin a estos desalojos injustos y respeten los derechos humanos .”

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